EL Juzgado de Garantía de Valparaíso dio un portazo a la defensa del senador Juan Luis Castro y decidió declarar admisible la querella por el caso firmas.

Lo anterior, tras la presunta falsificación de firmas para gestionar el retiro de permisos constitucionales de dos senadores (Ximena Órdenes y Fidel Espinoza) sin su autorización.

Esto, motivó una querella por parte de la Fundación Fuerza Ciudadana contra el senador Castro y contra quienes resulten responsables, por los delitos de falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público falso (además de falsificación y uso de instrumento privado).

Ante eso, la propia defensa de Castro pidió al tribunal rechazar la querella, argumentando que la organización no cumple con los requisitos legales para demandar, al no ser una víctima directa.

Por otro lado, la defensa sostuvo que el simple hecho de ser senador no implica un abuso de funciones, ya que la querella no detalla qué atribuciones propias de su cargo habría usado Castro para retirar los permisos de sus colegas.

Pese a ello, el tribunal determinó que la expresión “delitos contra la probidad pública” del artículo 111 del Código Procesal Penal no se limita a los delitos funcionarios del Título V del Código Penal, y que los hechos expuestos podrían vulnerar el principio constitucional de probidad, contemplado en el artículo 8° de la Constitución.

Según la resolución, esto habilita la acción ciudadana y, al cumplirse los demás requisitos legales, se ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para los fines pertinentes. La misma resolución dispone que la solicitud de promoción del desafuero se regirá por lo dispuesto en el artículo 416 del Código Procesal Penal.

Castro apuntó a Vodanovic

Previo a conocerse el fallo del tribunal y en entrevista con La Tercera, Castro involucró directamente a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, en la polémica por el retiro de los permisos constitucionales.

Según su relato, fue Vodanovic quien le advirtió en la Sala que se había alterado el orden de votación para priorizar el endeudamiento fiscal y que, ante los problemas de quórum, ya le había pedido al coordinador administrativo de la bancada que gestionara la revocación de los permisos de los senadores que estaban de viaje en Asia.

Castro afirmó que él solo reiteró esa instrucción al coordinador, bajo la condición de que se consultara previamente a los legisladores afectados.

El parlamentario explicó que en el Senado es una práctica habitual y de confianza que cada comité cuente con un banco de firmas digitales de los senadores para resolver trámites administrativos de forma rápida.

Sin embargo, admitió que en esta ocasión la comunicación con los involucrados se retrasó y, al confirmarse durante la tarde que no existía autorización, decidió dar pie atrás y anular el trámite.

Además, aseguró que esa misma noche intercambió mensajes en tono cordial con la senadora Ximena Órdenes para aclararle el malentendido, aunque posteriormente ella envió la carta formal denunciando el hecho y desatando la crisis interna y la investigación de la Fiscalía.