La Comisión Mixta zanjó las diferencias sobre el proyecto de ley de fraccionamiento que fija un nuevo reparto entre el sector pesquero artesanal e industrial. Por mayoría, acordó asignar el 55% de la merluza común al sector industrial y el 45% al artesanal.
Este régimen aplicará cuando la cuota global anual de captura sea igual o inferior a 35.020 toneladas.
Si la cuota global supera las 35.020 toneladas, el excedente se destinará íntegramente al sector artesanal. La propuesta, según la instancia presidida por el senador Fidel Espinoza, “salvaguarda posiciones y equilibrio”.
El fraccionamiento rige para el área marítima entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.
Para el besugo —fauna acompañante de la merluza— se pactó un reparto del 95% para el sector industrial y 5% para el artesanal. Este esquema solo regirá cuando el Comité Científico recomiende no aplicar veda. La decisión respondió a la extracción industrial por “la profundidad del recurso”.
Tras intenso debate, la Comisión respaldó la indicación del Ejecutivo que crea una patente especial de 1,3 UTM por tonelada para la pesca industrial que obtenga cuota de jurel asignada por otro país.
Heidi Berner, subsecretaria de Hacienda, explicó que esta medida “permitirá compensar la disminución de recaudación, producto del cambio de fraccionamiento”.
Fiscalización y próximos pasos
La Comisión también aprobó normas de certificación con desembarques. El ministro de Economía, Nicolás Grau, precisó que se asegurará “fiscalización presencial en todos los casos, sin hacer diferencia entre el sector industrial y el artesanal“.
Tras el despacho, el senador Fidel Espinoza destacó que “por primera vez se discute un fraccionamiento pesquería por pesquería”. En contraste, el senador David Sandoval manifestó dudas sobre los cambios del informe financiero y su abordaje reglamentario durante el pronunciamiento de la Sala.
El informe de la Comisión Mixta deberá ser refrendado primero por la Cámara de Diputadas y Diputados, y luego por el Senado. El acuerdo busca resolver disputas históricas en la distribución de recursos pesqueros estratégicos.
Para la diputada María Candelaria Acevedo (PC), esta distribución pesquera es porque “le hemos fallado al mundo artesanal, cediendo ante las presiones de la industria quienes desataron una campaña del terror desde el inicio de la discusión amenazando con despidos y cierres de plantas, con la única intención de perpetuar los privilegios que les dejó la corrupta ley Longueira”.
“Hoy con el acuerdo de un 55% de la merluza común para la industria en desmedro de la pesca artesanal, estamos dando una pésima señal, más aún, cuando existía un acuerdo en el 50% para cada sector, tal como lo planteamos en varias ocasiones pensando particularmente en la dinámica que se da en la región del Bío Bío”, añadió la parlamentaria.