La Contraloría Regional de Valparaíso emitió un duro informe sobre la gestión del Gobierno Regional, liderado por Rodrigo Mundaca, detallando una serie de observaciones administrativas que involucran millonarios gastos de representación, uso irregular de vehículos fiscales y contrataciones por honorarios que no se ajustan a la normativa.
El informe detectó pagos por más de $32 millones sin la documentación correspondiente, uso de automóviles fiscales en días no hábiles sin autorización y difusión reiterada de la imagen del gobernador en redes sociales institucionales, lo que podría constituir una infracción al uso de recursos públicos con fines personales o políticos.
Desde el Gobierno Regional respondieron que las observaciones son de carácter procedimental y aseguraron haber entregado los antecedentes pertinentes, justificando algunos gastos en actividades oficiales como la Cuenta Pública y jornadas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). También señalaron que el uso de vehículos incluyó labores de emergencia durante los incendios de febrero.
Celis: “Que el gobernador dé la cara”
El diputado Andrés Celis (RN) dijo que la gestión de Rodrigo Mundaca “está lejos de cumplir con los principios de probidad y transparencia. Se constata en este informe un uso indebido de recursos públicos, con gastos que no corresponden al fin legalmente establecido y eso no puede quedar sin consecuencia”.
“Los recursos del Gobierno Regional no son un botín político, con platas de todos los contribuyentes y acá se violaron normas claras… Exijo que el gobernador dé la cara”, enfatizó el parlamentario.
En tanto, el consejero regional (CORE) Osvaldo Urrutia (UDI) criticó la reiteración de prácticas que consideró inapropiadas para una administración pública y recalcó que debe sancionar a quien corresponda.
La Contraloría anunció una investigación sumaria para determinar posibles responsabilidades, especialmente en el uso indebido de vehículos estatales y la contratación de personal bajo modalidades que no corresponden a funciones habituales. Las conclusiones podrían tener consecuencias administrativas e incluso legales para quienes resulten implicados.
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