En tabla y a la espera de ser programada la audiencia, se encuentra la apelación realizada por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado que busca adelantar la formalización por fraude al Fisco del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, en el caso Embotelladora Llacolén, tras la condonación a la citada empresa por más de 1.200 millones de pesos en 2020.
La instancia ha sido postergada en cuatro oportunidades, siendo las últimas dos por la licencia médica del defensor privado del jefe comunal.
En la causa también se encuentran los exconejales Ariel Durán, Osvaldo Campos, René Lucero y Francisco Reyes, además del otrora jefe jurídico de la corporación edilicia, Cristián Pinto. Todos, imputados por el mismo delito.
Cabe señalar que de las cuatro postergaciones, las dos últimas fueron por la licencia médica del abogado Waldo Ortega, defensor penal privado del alcalde Chamorro, quien tuvo un accidente laboral en junio pasado.
En ese contexto, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado sostienen que “la licencia médica de un abogado o de un imputado, no puede ser suficiente para reprogramar la audiencia”, menos en causas “de alta complejidad”.
Al respecto, el abogado querellante, Georgy Schubert, espera que durante el proceso judicial se logre acreditar la “intencionalidad” por parte de los imputados en generar un perjuicio a las arcas municipales, no solo en el caso del alcalde y el director jurídico, sino que también en los ediles de la época.
“No es necesario probar que todos ellos estaban concertados. Lo que sí creemos que podemos probar en esta causa es que todos ellos intencionalmente consintieron un perjuicio de más de 1.200 millones de pesos al municipio de Coronel. Sabían lo que estaban haciendo, que lo que estaban haciendo era ilegal y dada su calidad de funcionarios públicos, el delito fraude al Fisco. Es obligación de los concejales fiscalizar los actos de la administración municipal. Para nosotros, todos ellos son responsables de este fraude que se ha cometido contra el municipio”, sostuvo Schubert.
Cabe recordar que la audiencia en el citado caso fue reprogramada para el 26 de octubre en el Juzgado de Garantía de Coronel, instancia que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado buscan adelantar.
Esto, también dado que “existen plazos de prescripción (completa o media) del delito” y que se “suspenden con la formalización”.