“Si tuviera que decirlo de una manera, diría que él insistía en que tenía un verdadero ‘portaaviones’. Sin embargo, siempre nos pedía dinero”.
Con esas palabras el exgobernador de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz Worner, describió cómo fue la relación con Alberto Larraín Salas, el cerebro detrás de la Fundación ProCultura.
En el marco del convenio Competitividad de oferta turística creativa: puesta en valor de la identidad cultural del Bío Bío, la entidad terminó adjudicándose más de $2.500 millones que el GORE del Bío Bío tramitó en tiempo récord. Se trata de la repartición pública que más dinero fiscal entregó en 2022 a la institución co-fundada por Larraín. La misma que más tarde subcontrataría a la sociedad Consultores Esquerré, con quien Díaz —incluso antes de ser electo— ya tenía una estrecha relación.
Díaz Worner declaró en calidad de imputado durante la mañana del 21 de octubre de 2024 en un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) ubicado en Concepción. En la instancia, describió cómo ProCultura consiguió el convenio y las peticiones de Larraín que le llamaron la atención, relacionadas con la obtención de un cargo en la administración del presidente, Gabriel Boric Font.
Ayuda para ser subdere
Según atestiguó el exgobernador, el primer contacto que tuvo con Larraín Salas fue durante su campaña y vía Zoom. En esa línea, la administración Díaz —al arribar al GORE— traspasó $163 millones “para la cautela del patrimonio industrial de la región, con foco en el parque de Lota y restos complejo ferroviario de San Rosendo”. Ese sería el primero de los convenios que firmaría bajo su gestión regional.
Un punto que llamó la atención del propio Díaz fue la vez en que el director de ProCultura le pidió ayuda para conseguir un cargo en el, por esos días, gobierno entrante de Gabriel Boric.
—Recuerdo que a principios del 2022 recibí varios llamados del señor Larraín donde, insistentemente, me decía que los GORES debíamos proponerle al presidente electo, Gabriel Boric, que lo nombrara subsecretario de Desarrollo Regional (subdere). Me llamó la atención porque no soy parte del Gobierno del Presidente. Sé que llamó a otros gobernadores, como el señor Orrego o Vallespín, con quienes comenté esta situación. Estos llamados no fueron precedidos de alguna relación anterior con el señor Larraín, por eso me llamó la atención esta situación —recordó.
Sobre el convenio de los $2.500 millones, Díaz detalló que el Consejo Regional del Bío Bío lo aprobó el 4 de mayo de 2022, luego de que ellos como GORE sometieran a votación la propuesta de turismo creativo presentado por ProCultura.
Ese mismo día, declaró Díaz, “Procultura nos pide una asignación de $1.500 millones de pesos aproximadamente”. De ahí en más, agregó, las respectivas rendiciones de avances del proyecto se fueron verificando “con un grado de normalidad por parte de la contraparte técnica”.
Pese a la extrañeza manifestada por Díaz en su declaración policial respecto de Larraín, de acuerdo a una serie de documentos a los que tuvo acceso BBCL Investiga, ProCultura fue una de las fundaciones que recibió un trato rápido a la hora de obtener los recursos para su convenio.
Lo fundamental del proceso tardó apenas 27 días. Desde la postulación del proyecto hasta que la solicitud del dinero llegó a Miguel Crispi, entonces a cargo de la Subdere. La primera carta formal para optar a los fondos, dirigida al gobernador Díaz, fue presentada el 21 de abril de 2022 por Procultura. Cinco días hábiles después, el día 28, la propuesta ya tenía la aprobación técnica. Al día siguiente, el 29, se elaboró un reporte, el que fue revisado y aprobado el 3 de mayo por la Comisión de Presupuesto. El 4, en tanto, fue visado por el pleno del Consejo Regional, con 25 votos a favor y 2 abstenciones.
Acto seguido, el día 5 se firmó el certificado de aprobación. El 10 fue enviado el documento a Santiago, en el que Díaz pidió a Crispi dar cabida al proyecto en el presupuesto regional. El 11 de mayo, en tanto, la Subdere emitió la resolución respectiva (firmada por el subsecretario subrogante, Francisco Pinochet), la que fue recibida el 18 de mayo en el Ministerio de Hacienda, específicamente en la Dirección de Presupuestos (Dipres). Todo en menos de un mes.
Contraloría emitió la toma de razón el 15 de junio y finalmente el primer pago comprometido ($1.506 millones de los $2.553), llegó a las arcas de ProCultura el 11 de julio.
Una bomba en Antofagasta
La ejecución del proyecto avanzó sin mayores sobresaltos. Eso, hasta que el caso Convenios, en el que estaba involucrada ProCultura, explotó en el norte.
—En el mes de junio (2022) estalla el caso de fundaciones en Antofagasta. En el caso de este proyecto, mantenía rendiciones, pero baja ejecución presupuestaria. Por tal razón, como una medida de proactividad, lo sometimos al análisis del Consejo con fecha 26 de julio de 2023 (…) Ahí se ratificó que existía una ejecución abundante de actividades y una baja ejecución financiera —atestiguó.
En la misma dirección, la exautoridad detalló que en octubre de 2023 se realizó la actividad RECPRO, que estaba contemplada en el convenio. Hasta esa fecha la fundación había rendido apenas $650 millones de los $1.500 millones que se le habían traspasado. Eso encendió todavía más las alertas.
—Recuerdo que, de las observaciones que se habían detectado por alrededor de unos $115 millones, no existían por parte de la Fundación ProCultura algún tipo de corrección o avance. Además, comenzaron a llegar cobros de proveedores ligados a los componentes de turismo creativo —relató el exgobernador a la PDI.
La gestión de Díaz fue cuestionada por la Contraloría justamente a propósito del RECPRO. En su informe, el organismo no sólo detectó falencias de control del GORE, sino también reflejó que entre los dineros rendidos por la cuestionada fundación existían $5,8 millones en coctelería y cerveza para una actividad, cuyo servicio fue prestado por una productora propiedad de Manuel Lagos, director del festival penquista.
Citados al GORE
De acuerdo con lo expuesto por Díaz, a raíz de eso requirieron la presencia de la cúpula de la fundación para pedir explicaciones.
—Con fecha 2 de noviembre de 2023 se ofició a ProCultura, a la señora Constanza Gómez, citándola a presentarse con fecha 6 de noviembre de 2023, ante la contraparte técnica. Luego, el 3 de noviembre, el señor (Alberto) Larraín dice que no pueden venir en esa fecha (…) Pese a insistir, los representantes de ProCultura no asistieron y ese mismo día pidieron otra fecha. Con fecha 10 de noviembre de 2023, el administrador los convoca para el 15 de noviembre de 2023, fecha en la cual no llegaron ni avisaron su no concurrencia —rememoró.
Fue entonces cuando se tomó la decisión de terminar el convenio.
El “portaaviones”
Consultado por la fórmula que utilizó Larraín para acercar iniciativas al GORE Bío Bío, Rodrigo Díaz partió señalando que no se reunió muchas veces con el director de la fundación ProCultura. Eso sí, cada vez que lo hicieron, este le ofreció “generar proyectos a través de la fundación”.
—En todas esas oportunidades él hablaba dando la impresión de que la fundación tenía una solvencia económica, red de relaciones públicas y privadas de gran envergadura, siendo muy insistente en declarar aquello. Si tuviera que decirlo de una manera diría que el insistía en que tenía “un verdadero portaaviones”.
Pese a que Larraín aseguraba tener “espaldas”, Díaz remarcó que las solicitudes de dinero eran constantes.
—Siempre nos pedía dinero, de hecho en mayo de 2023 ingresó dos solicitudes nuevas de programa para la Fundación Procultura, una por $432 millones por los 150 años del Parque de Lota y otra por $654 millones para desarrollar el Complejo Industrial de San Rosendo. Estas dos iniciativas no fueron aprobadas, ya que no pasaron la aprobación. Asimismo, en una conversación que mantuve con él, me ofreció hacerse cargo de la administración del Parque Pedro del Rio Zañartu, lo que no ocurrió.
Sobre su relación o conocimiento sobre Turismo Esquerré, empresa familiar de origen penquista que fue allanada por la PDI en el marco de este caso, el gobernador dijo haber tenido un vínculo con una empresa relacionada.
—En mi campaña me ayudaron diversas personas como también una agencia, de nombre Esquerré Consultores, quienes me recomendaron crear nexos para el uso de mi campaña a gobernador, pero en especifico no recuerdo quien o quienes me recomendaron tener un live con el señor Larraín.
Sobre cómo llegó a trabajar con ellos, detalló que durante su militancia en la Democracia Cistiana (1983-2019) compartió “con mucha gente y entre quienes me apoyaron en mi campaña a gobernador, había gente que antes trabajó conmigo. Dentro de esas personas estaba Paola Núñez, quien en ese tiempo ya trabajaba en Esquerré Consultores.
Según señaló, esa empresa le ayudó con las redes sociales de la campaña que lo terminó catapultando como el primer gobernador regional democráticamente elegido en la región del Bío Bío.
—Con Paola habíamos trabajado antes, ella había sido directora de Sernatur y en el año 2010 habíamos sido compañeros en un magíster —señaló.
Con todo, desconoció haber estado enterado que Turismo Esquerré terminaría siendo subcontratada para ejecutar en la práctica la iniciativa convenida con ProCultura.
—A su pregunta, al momento de firmarse el convenio, yo no tenía conocimiento de que iban a subcontratar a empresas Esquerré.
Entre los que más dinero traspasaron
De acuerdo con datos oficiales sobre transferencias del Estado a ProCultura tenidos a la vista por BBCL Investiga, entre 2022 y 2023 el Gobierno Regional del Bío Bio estuvo entre los organismos que más dinero traspasó a ProCultura.
Y es que, al contrario de lo que se piensa, durante ese primer y segundo año del Gobierno de Gabriel Boric fueron los Gobiernos Regionales, con absoluta autonomía para decidir cómo gastar sus recursos, los que más dinero traspasaron a la cuestionada fundación.
El primer lugar entre los organismos que más dinero transfirieron en ese bienio, según antecedentes oficiales, lo ocupa el GORE Metropolitano con más de $1.683 millones en 2023. En segundo lugar aparece el GORE Bío Bío con los $1.506 millones por el convenio ya mencionado. Y, en tercer lugar, figura la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta con $545 millones.
El rol que jugó como gobernador en la tramitación de estos convenios no sólo le significó a Díaz figurar en calidad de imputado, sino también que la fiscalía y PDI pinchara su teléfono. Lo propio ocurrió con su brazo derecho, Iván Valenzuela (era el encargado de subrogar a Díaz) y con otras autoridades de la zona, entre ellas, la seremi de Vivienda, Claudia Toledo. Respecto de esta última, antecedentes a los que accedió este medio, la sindican como funcionaria que aprobó transferencias a la fundación tras una licitación que está bajo el ojo de la fiscalía: ProCultura se adjudicó el concurso público puesto que había presentado la oferta más barata, pero al momento de suscribir el convenio se celebró por un monto mayor. Pasó de $137,5 millones a $171,6 millones.
Hasta ahora, el Ministerio Público no ha comunicado formalmente ningún avance procesal. La causa sigue de manera desformalizada.