En la región de La Araucanía cientos de mapuches marcharon en apoyo de los comuneros presos en las cárceles de la Macrozona Sur, mientras que los gremios empresariales, al cumplirse 5 años de la vigencia del Estado de Excepción, pidieron mantener el despliegue militar hasta terminar con los grupos armados.
El 12 de octubre tiene una doble connotación, tratándose para los mapuches de una fecha en la que comenzó la ocupación de los territorios de los pueblos originarios de América y más recientemente del despliegue militar en las provincias de Bío Bío, Arauco, Malleco y Cautín.
En Temuco, cerca de mil personas de distintas comunidades de La Araucanía marcharon en apoyo a los presos mapuches y contra la militarización de lo que ellos reconocen como Wallmapu.
El dirigente Fidel Tranamil, del Lof Rofue, dijo que la recuperación territorial continuará y que las comunidades están unidas en el weichan.
“Darle un apoyo a nuestros presos políticos mapuche, todo centrado en las altas condenas que hoy día estamos viviendo como pueblo, en la militarización que ya lleva más de cuatro años en un Estado de Excepción y en las políticas de esta administración y las anteriores que han venido a criminalizar la justa y noble y legítima causa mapuche”, afirmó.
Fue el 12 de octubre del 2021, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas para colaborar en el combate contra los grupos armados que perpetran atentados en la Macrozona Sur.
René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, recordó que desde la implementación del Estado de Emergencia el año más complejo, hasta ahora, fue el 2022.
“El año 2022 es el año más violento que hemos tenido como asociación gremial, con 104 atentados en el año. Estamos hablando de entre 8 y 10 atentados mensuales. Objetivamente, si uno analiza los números, se ha reducido de manera notable la violencia, permanece marcada así en la región de La Araucanía”, precisó.
Mientras las comunidades mapuches reiteraron que seguirán adelante con los procesos de recuperación tierras, los contratistas forestales señalaron que son cerca de 100 mil las hectáreas que no se pueden explotar porque los predios están tomados o existe un alto riesgo de atentados.